Texto publicado originalmente en Pluma púrpura, el Blog de MUxED, y con su permiso se reproduce en este medio.

La participación activa de la juventud es esencial para construir sociedades que busquen un presente y futuro sostenible para todas las personas (ONU, 2020b). Que las y los jóvenes puedan tomar ese papel implica, por un lado, que desarrollen capacidades y actitudes para habilitarse como agentes de cambio en su propio desarrollo, así como para la sociedad, y, por el otro, garantizar que tengan acceso a oportunidades para poner en práctica dicha agencia en las múltiples esferas de sus vidas (OCDE, 2019; ONU, 2020; PNUD, 2014).

La juventud es una etapa crítica, siendo un periodo de transición, durante el cual las personas jóvenes toman decisiones que impactarán en su futuro, así como en el de sus familias y comunidades (permanecer en la escuela, tener trabajo remunerado, ejercer su ciudadanía o comenzar una familia, entre otras). También se presentan oportunidades y retos específicos; es la etapa en la cual las personas desarrollan su identidad, lo que determina en gran medida su manera de actuar y comportarse. Por esta razón, la juventud es considerada como una segunda “ventana de oportunidad” – después de la primera infancia – para el desarrollo de habilidades socioemocionales y la modificación de expectativas y aspiraciones acerca del futuro (Novella at al., 2018). 

Sin embargo, en México, la juventud ha sido una de las etapas de vida más olvidadas y descuidadas. No hemos garantizado a la mayoría de las personas jóvenes oportunidades para desarrollarse, participar y prosperar en la realización de su proyecto de vida y como agente de transformación social.  

El espacio escolar debe fortalecer en las personas jóvenes las competencias básicas, transferibles y especializadas que permiten acceder a mejores oportunidades formativas y laborales, más allá de la escuela. Pero sólo dos de tres jóvenes ingresan a la educación media superior en tiempo y forma, y la tercera parte de los que sí llegan a este nivel no lo termina (INEE, 2019). Y alrededor de la mitad de las y los jóvenes no desarrollan las competencias básicas que necesitan para seguir aprendiendo y ser partícipes activos de sus sociedades (SEP, PLANEA). 

Para muchas personas jóvenes, terminar la educación obligatoria tampoco ha sido suficiente para mejorar sus oportunidades en otros espacios. Esto es particularmente el caso para las jóvenes mujeres. En contraste con otros países y regiones y de acuerdo a los indicadores más comunes, en México las mujeres, en general, van “mejor” en la escuela. Si consideramos su progreso por el sistema educativo, vemos que desde 2º de primaria, más niñas que niños avanzan al siguiente grado; en el país, 66 de cada 100 jóvenes mujeres llegan a inscribirse en la educación media superior en su edad normativa versus 61 jóvenes hombres (XABER; CONAPO, 2018), y la tasa de abandono femenino en este nivel es 4.4 puntos porcentuales menor que la de los varones (INEE, 2019). Con sus variaciones, este patrón se repite en casi toda la República.

Asimismo, hay indicios de que se está superando estereotipos de que, por ejemplo, la educación técnica no es para las mujeres; a nivel nacional, la distribución por género en todos los tipos de servicio – bachillerato general, tecnológico y profesional técnico – es básicamente 50-50 (SEP, SIGED). (Hay importantes excepciones; en NL, por ejemplo, todavía dos de cada tres estudiantes en educación técnica son hombres). 

A pesar de estos avances en el sector educativo, una vez que salen de las escuelas, las jóvenes no tienen el mismo acceso a oportunidades formativas (ni remunerativas) en el espacio laboral. En el mundo productivo las personas jóvenes encuentran la oportunidad no sólo de ejercer su creciente agencia económica, sino también de seguir consolidando y ampliando sus competencias transferibles y especializadas. Tan importante son las oportunidades de aprendizaje en los espacios laborales, que la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno las incluyen como parte de su Decálogo de Buenas Prácticas para la Inclusión Laboral: “ofrecer…prácticas laborales y planes de capacitación continua, formas de aprendizaje, posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional” (Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, 2020). 

Aunque no tenemos información precisa sobre las oportunidades formativas de jóvenes participando en el mercado laboral, los datos disponibles no sugieren un acceso generalizado a tales. Tres de cada cinco personas jóvenes actualmente ocupadas en el mercado laboral – 9.3 millones – trabajan en el mercado informal, limitando significativamente sus oportunidades de estabilidad, aprendizaje y crecimiento profesional (ENOE,2019). 

Para las mujeres jóvenes, los datos son aún más preocupantes. Mientras cuatro de cada cinco jóvenes hombres se insertan en el mercado laboral una vez que salen de la escuela, apenas la mitad de las mujeres participan en espacios laborales al egresar de su educación. En cambio, una de cada tres labora en el hogar, sin acceso a oportunidades formales de aprendizaje continuo, en trabajos no remunerados domésticos y de cuidado. Hay 15 veces más jóvenes mujeres en esta situación que hombres (más de 3.8 millones de mujeres de entre 15 y 29 años en el 4º trimestre de 2019, cifra que sin duda ha crecido de manera importante debido a la pandemia; ver Observatorio Género y COVID-19 en México, 2020). 

La exclusión que viven las jóvenes en el espacio laboral tiene implicaciones para ellas, así como para el desarrollo sostenible del país. Por un lado, las deja en una situación de inseguridad y dependencia económica en el presente (y el futuro), vulnerabilidad que se agudiza en medio de la pandemia provocada por el COVID-19; la pérdida de empleo ha afectado más a las mujeres que a los hombres (-11.1% vs. -6.5%, respectivamente; BID, 2020). Por el otro lado, mantener a la tercera parte de las jóvenes fuera de los espacios laborales les impide seguir desarrollando y consolidando competencias para ser agentes en la construcción de una sociedad más justa e incluyente, no sólo en el espacio laboral, sino en todos sus ámbitos.  

Asegurar la participación activa de las jóvenes mujeres, sobre todo las en contextos más desfavorecidos, exige visibilizar y cuidar sus experiencias en los múltiples espacios que habitan, atendiendo la exclusión sistémica que enfrentan con acciones y estrategias transversales e intersectoriales. Desde luego, mejorar las posibilidades educativas para las jóvenes en el sistema educativo es paso imprescindible, pero es insuficiente para garantizar su plena participación, y con ello, la posibilidad de construir sociedades pacíficas, justas e incluyentes, que protejan los derechos humanos y promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y mujeres (ONU, 2015).